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Es muy habitual que los clientes quieran aportar o proponer pruebas que consideran fundamentales para la defensa de sus intereses, pero esto no siempre es posible. Aunque la Constitución regula, en su artículo 24.2, el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para defender tus intereses en un proceso judicial, este derecho no es ilimitado. Así, no se puede exigir la admisión judicial de todas las pruebas que las partes puedan o quieran proponer, sino que los órganos judiciales tienen atribuida la facultad de admitir las pruebas que consideren pertinentes. 



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