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Recientemente se nos ha notificado la STS nº 779/2018 (RCUD 1064/2017), que hasta el momento no consta publicada en el CENDOJ, en el que mi compañera Raquel Lafuente defendía, como cuestión objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina, que se declarase que el derecho del trabajador a ser indemnizado por los daños que sufrió en vida, directa y personalmente, derivados de AT o EP no se extinguió por su muerte, y quedó integrado en el caudal hereditario, conforme a lo previsto en el artículo 659 del Código Civil. Es decir, que los herederos del trabajador fallecido son titulares del crédito indemnizatorio que adquirieron por vía de transmisión mortis causa, con arreglo a lo previsto en los artículos 24.1 de la Constitución y 17.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y por tanto tiene acción y legitimación para exigir a la empleadora de su causante el cumplimiento de su obligación de resarcir los daños y perjuicios que sufrió en vida, sin que su óbito determine la falta de interés legitimo de los herederos en obtener la tutela.



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