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El Tribunal Supremo obliga a las empresas a que cumplan con los compromisos de renuncia a realizar despidos colectivos o por causas objetivas cuando así lo firman en un acuerdo de reorganización productiva. De este modo, el Supremo avala esta medida y rechaza que su inclusión en los acuerdos con los empleados suponga un abandono o expulsión de un derecho del ámbito de las empresas.



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