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La aprobación del Real Decreto 8/2019 y su entrada en vigor el día 12 de mayo del año pasado, provocó un terremoto entre las empresas de nuestro país, que se encontraron con el nada despreciable reto de tener que regular internamente una materia tan sensible como el registro -y por tanto, la medición- de la jornada de trabajo de su plantilla, con un plazo para su ejecución, 2 meses, que a todas luces se hacía corto para una tarea tan compleja.



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