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Hasta la fecha, la doctrina general en relación a la captación de imágenes en un centro de trabajo y adopción de decisiones empresariales disciplinarias en atención a las mismas, es que la instalación y uso del sistema de videovigilancia si bien no requería un consentimiento de los trabajadores, sí exigía un deber de información a estos con carácter previo y de forma expresa de su existencia y finalidad, además de cumplimentar determinadas exigencias legales tales como el respeto de los lugares destinados al descanso o que tengan carácter reservado y, con ello, la intimidad del trabajador.



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