Conocemos con cierta frecuencia casos en los que la empresa decide la sanción disciplinaria del trabajador con base en hechos que solo puede acreditar a través de pruebas que, sin embargo, podrían haberse obtenido vulnerando derechos fundamentales de la persona. La grabación con cámaras de videovigilancia, el acceso al correo electrónico del trabajador o a los dispositivos digitales que usa en el trabajo son actuaciones que comprometen generalmente derechos como el de la propia imagen, la intimidad, la protección de datos de carácter personal, pero son, muchas veces, el único modo de acreditar la infracción.

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