Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales no han parado de suscitarse dudas ante la interpretación que nuestros jueces llevarían a cabo de la meritada, a fin de aclarar la forma de actuar tanto de los empleadores como los trabajadores en la salvaguarda de los innovadores derechos digitales.

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