La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de enero de 2018, caso López Ribalda y otras contra España (la “Sentencia”), se dicta en un momento en el que en el Congreso de los Diputados está pendiente de tramitación el proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal, con el objeto de adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo.

 

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