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El uso fraudulento de esta herramienta de suspensión de contratos de trabajo a la que pueden acogerse las empresas, no sólo expone a las mismas a posibles sanciones laborales, sino que puede implicar una responsabilidad penal de varios años de prisión e incluso consecuencias penales para la propia persona jurídica -como su intervención o suspensión de actividades-.



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