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El impacto mediático, ciertamente justificado, de las sentencias “Montero Mateos “ y “Norte Faciliy”, relativas a la diferenciación entre trabajadores con contrato indefinido y con contrato de duración determinada a los efectos del abono (en cuantía diferente), o no, de la indemnización cuando se produzca la extinción, y el cambio sustancial que esta nueva doctrina, plasmada en dichas sentencias sin explicar en absoluto la razón del cambio de criterio con respecto al asunto Ana de Diego Porras, ha dejado en la penumbra mediática, salvo referencias que son resúmenes de la nota de prensa del gabinete de comunicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, otra sentencia de indudable relevancia e importancia para todas las ramas del ordenamiento jurídico, y por tanto también para el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
En dicha nota de prensa, el titular era “El concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de libertad de residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo”, y el muy amplio subtítulo el de “Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio”.
Me refiero a la sentenciadictada por la Gran Sala del TJUE el mismo día 5 de junio, por la que se amplia, o reinterpreta, el concepto de “cónyuge” recogido en la normativa comunitaria sobre libertad de residencia y de circulación en el territorio europea, de tal manera que incluye a quienes, siendo ciudadanos de terceros Estados, hubieran contraído matrimonio con un ciudadano europeo del mismo sexo y que haya ejercido la libertad de circulación en territorio UE. Repárese, por ello, en la importancia que puede tener esta sentencia para un matrimonio homosexual de un ciudadano de nacionalidad española con otro de un tercer Estado, en cuanto que a este último, y siempre y cuando el ciudadano español ejerza el derecho de libre circulación tendrá derecho a residir con su pareja y, por consiguiente, ejercer los derechos derivados en materia de empleo y Seguridad Social que reconoce la normativa comunitaria.



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