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El pasado 11 de enero el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación (en adelante, “El Anteproyecto”). Existen distintos artículos sobre las novedades que se pretenden introducir, las materias a las que afectará, cuándo se producirá su entrada en vigor, etc. Pero, dada la sobrecarga de asuntos de los juzgados y tribunales españoles, ¿conseguirían las medidas que el anteproyecto adopta que se proponen en este Anteproyecto lograr los objetivos descritos en su Exposición de Motivos, y que no son otros que “menores costes económicos y personales para los interesados, mayor “agilidad procedimental”, “reducir altos niveles de litigiosidad” y, sobre todo, el “desahogo de la carga de litigios pendientes”?



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