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El principal objetivo de este artículo consiste en poner de relieve las considerables ventajas que se desprenden del hecho de que los pagos ordenados por los órganos judiciales se realicen mediante transferencia bancaria directa a la cuenta del interesado, evitando el tradicional “mandamiento de pago o devolución” que debe quedar como una forma de abono absolutamente residual. Postulando que, de hecho, debería irse definitivamente hacia un sistema en que el pago mediante transferencia sea la forma única y obligatoria, como ya sucede en otras Administraciones Públicas.



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