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Un órgano jurisdiccional no es el «requirente», a los efectos del artículo 5 del Reglamento 1393/2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil (el Reglamento), y, en consecuencia, no puede imputársele el abono de los gastos de traducción de los documentos que deben ser notificados.



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