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Era una hipótesis razonable y, finalmente, la predicción se ha hecho realidad: el Tribunal Constitucional en su sentencia de 14 de marzo de 2019 ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos 34.2 y 35.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil respecto a la falta de recurso frente al decreto resolutorio de la "jura de cuentas".



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