El Estado español pagó en 2022 indemnizaciones por valor de 3.170.143 euros a perjudicados por el funcionamiento anormal de la Justicia o por errores judiciales y a personas absueltas tras pasar un tiempo en la cárcel de forma preventiva. El importe de estos pagos se incrementó en el último año un 38% respecto al anterior, cuando se abonaron cerca de 2.290.000 euros por estas mismas razones.