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La incorporación de las nuevas tecnologías en las oficinas judiciales ha provocado que desde enero de 2017 la Administración de Justicia esté obligada a que todos los actos de comunicación entre ésta y las personas jurídicas se realicen a través de medios telemáticos o electrónicos. Así se desprende de la exposición de motivos de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que reformó la LEC y en concreto del artículo 152.2 LEC y del artículo 273.3 LEC que determina que las personas jurídicas son sujetos obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos para comunicarse con la Administración de Justicia.



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