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En aquellos casos previstos en la LA en que sea necesaria la intervención de un tribunal del poder judicial español con ocasión de la tramitación de un procedimiento arbitral (vid. art. 8) parece claro que debe aplicarse la normativa procesal española. Ahora bien, en algunos casos, teniendo en cuenta la flexibilidad que caracteriza el arbitraje y especialmente los rasgos propios del arbitraje internacional, es oportuno preguntarse qué significa que deban seguirse las normas procesales españolas y qué posibilidades hay de modular una aplicación rígida de las mismas en interés del procedimiento arbitral.



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