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En muchas ocasiones es frecuente que, a la hora de aplicar un artículo de una ley, surja la duda de si el mismo puede vulnerar la Constitución Española, o ser contrario al Derecho comunitario. En estos casos, los Tribunales pueden plantear, respectivamente, cuestión de inconstitucionalidad o cuestión prejudicial para que el Tribunal Constitucional (TC) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), les indique si la norma puede o no aplicarse. Pero ¿qué ocurre cuándo un Juzgado o Tribunal se niega a plantear las referidas cuestiones (de inconstitucionalidad o prejudicial), y resuelve el asunto por su cuenta y riesgo? 



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