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El Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, es consecuencia de las numerosas reformas legales llevadas a cabo para la mejora y modernización de la justicia, en cumplimiento del Pacto de Estado para la reforma de la justicia, que prevé su mejora y actualización de acuerdo con las necesidades sociales. Dicha mejora se debe sustentar en la modernización de la oficina judicial y en la dotación de una serie de medios, a través de un plan de infraestructuras que supla determinadas carencias. Am­bos puntos convergen en la conveniencia de crear una oficina judicial ágil, rápida y con una correcta atención al ciudadano. Una oficina judicial saturada de expedientes difíciles de ubicar o archivar, con la consiguiente dificultad para encontrados en ocasiones produce en la sociedad la imagen de una justicia lenta e ineficaz.



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