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  • El ministro  revisará el sistema de tasas judiciales para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló, por su excesiva cuantía, las que deben pagar las personas jurídicas
  • Avanza que su intención es poner en marcha la nueva gestión del Registro Civil en julio

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado el martes en el Senado que los pasos dados en los últimos días y el trabajo desarrollado permiten identificar “un cierto nivel de acuerdo y consenso” entre los distintos partidos para avanzar en la reforma de la Justicia.

Catalá ha puesto de manifiesto las conversaciones mantenidas para revisar el sistema de tasas judiciales para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló, por su excesiva cuantía, las que deben pagar las personas jurídicas. También se ha referido al pacto contra la violencia de género o la creación en el Congreso de la subcomisión destinada a impulsar las reformas de la Justicia.

El ministro ha incidido en que estos pasos evidencian que el compromiso de impulsar reformas y hacerlo desde el consenso y el diálogo es “serio y urgente”. “Juntos es como tenemos que trabajar la mayoría de las reformas que la sociedad española necesita en este momento. Como decía Saramago, estar de acuerdo no significa compartir siempre una razón, pero no hay mejor punto de partida que la búsqueda de soluciones conjuntas”, ha reclamado.

El titular de Justicia ha destacado la existencia de tres puntos en los que, a su entender, se da un alto nivel de coincidencia: la necesidad de una reforma profunda de la Justicia, que ésta sea estratégica y que se haga partiendo del consenso con los profesionales del sector.

En su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la cámara alta, ha expuesto las líneas básicas del programa que pretende implantar durante la legislatura e incidido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se traspasará a la Fiscalía la instrucción.

Se ha referido así al reto de conseguir una Justicia más ágil y ha adelantado que además de los cambios referentes al Ministerio Público –que dejarán en manos de la judicatura la garantías del proceso y el enjuiciamiento– la reforma normativa estará destinada a acortar los plazos y agilizar las comparecencias de testigos e investigados.

Así, ha destacado que las modificaciones intentarán mejorar la fase de ejecución de sentencias y las notificaciones. También cambiarán las suspensiones por incomparecencias.

REGISTRO CIVIL, EN JULIO

El ministro ha avanzado también en el Senado que prevee poner en marcha en próximo mes de julio una nueva gestión del Registro Civil en la que se cumpla con la obligación de desjudicializarlo.

Ha garantizado que el nuevo registro será público y gratuito y desvelado que el sistema se presentará en la primera Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, una vez se decida qué profesionales se ocuparán de ello.

Respecto a la colaboración con las CC AA, el ministro ha apostado por una utilización “más eficiente de los recursos públicos de la financiación autonómica” además de apostar por una lucha eficaz contra la corrupción que contará con refuerzos sustanciaciones como el recorte de los aforamientos y la regulación de la labor de los ‘lobbys’.

En respuesta a sus propuestas y durante el primer turno de portavoces, el PSOE ha reiterado su oferta de diálogo y advertido, de manos del senador socialista Antonio Rodríguez Esquerdo, que quiere ver “hechos” y no sólo palabras.

Ciudadanos ha mostrado, por su parte, su preocupación por la igualdad de los discapacitados ante la ley mientras que desde Podemos han recordado a Catalá que sus planes para otorgar a la Fiscalía la instrucción “pintan difíciles” si no se ponen los medios materiales y económicos necesarios para ello.




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