Madrid, 16 mar (EFE).- El Ministerio de Justicia destinará este 2023 un total de 5,2 millones de euros para sufragar 792 becas para la preparación de las pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al de abogados del Estado, frente a las 245 del año pasado.

La titular de Justicia, Pilar Llop, ha anunciado este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso el aumento de un 223,5 % de esta dotación global, que el año pasado se situó en 1,6 millones de euros. Casi el 79 % de las becas se concedieron a mujeres.

Los Presupuestos Generales de 2023 contemplaban en un primer momento destinar 3,2 millones para estas ayudas, que se convocaron por primera vez el año pasado, si bien una enmienda de Más País -grupo al que la ministra ha agradecido que extendiese "aún más" esta medida- hizo que se ampliase la dotación a 5,2 millones.

La ministra ha pedido a los grupos sentirse orgullosos por medidas como ésta, que hacen que el origen socioeconómico deje de ser una "barrera para el acceso a determinados cuerpos", pero también por los avances en la digitalización de la Justicia que, ha subrayado, está llevando a cabo su departamento.

Llop ha comenzado su intervención con una severa crítica al PP por llevar 1.562 días "incumpliendo la Constitución" al no negociar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y ha llamado a todos los partidos a que no den la espalda a la "tan deseada modernización de la Justicia" y que apoyen las leyes impulsadas por su departamento.

LEGISLACIÓN EN CARTERA

Entre los proyectos que tiene intención de enviar al Parlamento, ha destacado la ley integral contra la trata y la ley del derecho de defensa.

En el Congreso se tramitan ya las tres leyes estrellas de su departamento para impulsar la eficiencia de la administración de Justicia, aunque en el debate han quedado patentes las discrepancias en torno a la más avanzada, la de eficiencia organizativa.

Unidas Podemos ha instado al PSOE a retirar la enmienda que registró con el objetivo los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas, pero el portavoz socialista, Francisco Aranda, le ha pedido respeto a la autonomía de su grupo para presentar enmiendas y ha confiado en que no lleve a sus socios a bloquear una ley trascendental.

Más allá de este enfrentamiento, ERC, Junts y PDeCat han dejado claro que no aceptarán la desaparición de los jueces de paz, aunque Llop ha confiado en poder llegar a un acuerdo parlamentario para que puedan seguir siendo nombrados por los ayuntamientos e incluirlos en las oficinas de justicia de los municipios con funciones de conciliación.