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Desde el pasado 11 de octubre la calificación de riesgo crediticio es una realidad y oficialmente un derecho no sólo para las grandes empresas sino también para autónomos y pymes. Ahora las entidades bancarias que operen en España tienen la obligación, sujeta a la Ley de fomento de financiación empresarial, de facilitarles el Informe Financiero Pyme, es decir, un estudio estándar sobre su situación financiera.



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