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Tras la reciente aprobación del anteproyecto de ley reguladora de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por parte del Consejo de Ministros, el autor repasa las cuestiones más relevantes del texto, susceptible a modificaciones posteriores en trámites parlamentarios. En concreto, destaca la obligación de implantar canales de denuncia para empresas de 50 o más trabajadores, la designación de la figura del responsable del Sistema de Información o la obligatoriedad de contar con un delegado de Protección de Datos, entre otras. Pero la iniciativa va más allá de la mera creación de un canal, ya que las empresas deberán establecer medidas técnicas y organizativas adicionales.



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