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Los abogados somos sujetos obligados por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT), siempre que participamos en alguna de las operaciones establecidas en la letra ñ) del artículo 2.1 de la Ley; así como también cuando -en el ejercicio de nuestra profesión- prestamos alguno de los servicios establecidos en la letra o) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010. Pero ¿qué obligaciones nos impone la norma?



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