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“Estamos solucionando las consecuencias que tienen para determinados sectores empresariales y para muchos ciudadanos los incumplimientos del Estado español ante la Unión Europea, derivados de la no aplicación del derecho comunitario de la Unión Europea que es norma de obligado cumplimiento para nuestro ordenamiento. Tenemos casos en marcha de quejas y demandas ante la Comisión y el Parlamento europeos sobre los interinos de la Administración (“empleados públicos abusados”) que pueden ser unos 900.000; los talleres de reparación de automóviles contra los abusos de las compañías aseguradoras y la competencia desleal o abuso de posición dominante, hablamos de miles de empresas y autónomos afectados; los armadores de pesca contra la Comisión por el trucaje de los motores de los barcos de pesca; la asociación de médicos de la sanidad privada también contra las actuaciones de las compañías aseguradoras, que afecta a unos 50.000 profesionales sanitarios; las 750.000 personas que se jubilaron anticipada y legalmente y que no se les reconoce una pensión digna; funcionarios de la Administración de Justicia, por citar algunos de los casos más significativos”. Me explica como introducción Juan Ignacio Navas



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