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El ordenamiento jurídico cubano está sustentado en el derecho socialista[2], pero formando parte del tradicional sistema romano-germano-francés que a su vez ha sabido adaptarse a las exigencias, historia e idiosincrasia del pueblo cubano. La estructura formal jurídica se asienta sobre el principio de supremacía constitucional sobre el que se desarrollan las leyes y las demás normas básicas. Así, la Constitución es la norma jurídica por excelencia, que define a la República de Cuba como un Estado socialista de trabajadores, en donde la soberanía reside en el pueblo del cual dimanan todos los poderes del Estado, incluido el judicial. La vigente Constitución cubana de 1976 reconoce que la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida en nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y demás tribunales. Pese a que estos tienen independencia funcional, están subordinados jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado



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