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El otoño se presenta interesante y agitado para las profesiones de abogado y procurador, y es que, bajo el pretexto (cuestionado por no pocos, entre otros por el propio Consejo General de los Procuradores en este artículo) de impulsar la competitividad y la calidad en los servicios profesionales (que según indican en la nota de prensa que ha remitido el Ministerio de Economía, representan ni más ni menos que las relevantes cifras del 9% del PIB, el 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario), el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales (aprobado en el Consejo de Ministros celebrado a principios de agosto), ha incluido dos medidas de enorme calado para la profesión de procurador:

Por un lado, ha eliminado la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura (representación ante los Tribunales).  Esta medida será de aplicación inmediata, sólo condicionada al despliegue del sistema de notificación electrónica del Ministerio de Justicia y a que los Colegios de Abogados establezcan su presencia en los salones de notificación de los tribunales, lo que implica un periodo transitorio. Y por otro, el citado anteproyecto elimina los aranceles de los procuradores, de forma que a partir de la entrada en vigor de la Ley, sus honorarios serán fijados libremente con los clientes.



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