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Un juzgado de Sevilla ha aplazado el desahucio de una familia apelando a convenios internacionales sobre el derecho a una vivienda digna que, según afirma la resolución, el Estado español no garantiza pese a haberlos firmado.

Un decreto del juzgado de Primera Instancia número 10 paraliza durante un mes el lanzamiento de C. G. A. porque la mujer ha aportado al juez una serie de documentos que demuestran que su unidad familiar, de la que forma parte un menor de edad, vive en una precaria situación y tiene además pendiente el estudio y valoración de la ayuda que ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla.



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