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Antes de la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos, 1 de enero de 1995, los contratos de alquiler eran vitalicios y el incremento de la renta estaba limitado por el Índice de Precios al Consumo (IPC). El inquilino gozaba de estabilidad en el alquiler y el arrendador tenía garantizado un aumento de la renta, aunque limitado. Lo único que se sometía a la ley de la oferta y la demanda era la renta inicial del arriendo.

A partir de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que entró en vigor el 6 de junio de 2013 los contratos de alquiler son de corta duración:  3 años más una prórroga de 1 año, facultativa para el arrendador. Los artículos 17 y 18 de la LAU establecen las reglas que determinan la renta que paga el inquilino y su actualización durante el alquiler.



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