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La imprescindible audiencia de los menores en el caso de que tengan suficiente juicio, y en todo caso si son mayores de 12 años, viene impuesta por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España,  por el art. 24 de la Carta de los derechos fundamentales de la UE del año 2000, por el art. 9 de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, por el artículo 770,4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por la doctrina del Tribunal Constitucional que en relación con el art. 24.1 de la CE , ha establecido que el niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio tiene derecho a ser escuchado en el procedimiento (judicial o administrativo) que le afecte, especialmente cuando se trate de la adopción o modificación de las medidas relativas a su guarda y custodia.



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