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1. Como es conocido, son tres las vías por las que puede introducirse en un proceso la nulidad radical de un acto o contrato: su alegación por el demandado vía reconvención o vía excepción y su apreciación de oficio por el juez. Ninguna duda plantea la primera de ellas; tampoco la última, siquiera convenga recordar su interpretación restrictiva por la jurisprudencia: «sobre la posibilidad de declarar de oficio la nulidad de negocios jurídicos sin haberla pedido ninguna de las partes, es cierto que tal posibilidad se admite por la jurisprudencia de esta Sala con base en el art. 6.3 CC; pero no lo es menos que la misma jurisprudencia exhorta a la prudencia y moderación de los tribunales…, pues la sanción de nulidad debe reservarse para los casos en que concurran trascendentales razones que hagan patente el carácter del acto gravemente contrario a la ley, la moral o el orden público».



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