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La Consellería de Justicia de la Generalitat de Cataluña aprobó este martes un proyecto de decreto-ley donde se limita el precio de los alquileres en aquellas zonas con alta demanda de alquiler. Dicha limitación, detalla Montserrat Martín, abogada de ARAG, se realizaría por parte del departamento competente en materia de vivienda (Conselleria de Territori) o por los propios ayuntamientos.

Esta medida permitirá tener un control sobre los precios del alquiler y su espíritu es ayudar a incentivar el mercado de alquiler y facilitar vivienda a aquellas personas que actualmente no pueden acceder a la misma por el aumento del precio que se ha producido en los últimos años (en Barcelona concretamente se ha incrementado en un 38%).

Por otro lado, la Consellería también tiene previsto un anteproyecto de Ley que modifique el Código Civil Catalán con relación a la regulación de los arrendamientos urbanos donde se establecerá un periodo de vigencia mínima de contrato más alto (de 6 a 10 años) que el establecido por la Ley de Arrendamientos Urbanos estatal (5 años), así como la reducción de las fianzas (actualmente la ley estatal regula 3 meses) que el propietario puede solicitar, la obligación de recoger en video o fotos el estado de la vivienda tanto antes de empezar el contrato como a su finalización, hacer un inventario completo de los muebles que haya en la vivienda, dejar constancia de los accesorios como aire acondicionado o calefacción, etc…

Si el Parlamento aprueba dicha modificación puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por invadir presuntamente competencias estatales, lo que provocaría que su aplicación se retrasaría hasta que se resolviera dicho recurso.

 

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