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El deber de motivación de las sentencias se recoge en el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), y conecta con el 120.3 de la Constitución Española, exponiendo la Sentencia del Tribunal Supremo 665/2018, de 22 de noviembre, que “la motivación, como derecho incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, es un requisito de la sentencia que exige que se hagan saber a las partes y se exterioricen las razones que conducen al fallo de la resolución, por lo que solo una motivación arbitraria o ilógica porque en la sentencia no se entiendan las razones por las que se sientan las conclusiones del litigio o su fallo podrían ser revisadas por falta de motivación (sentencias 790/2013, de 27 de diciembre , y 294/2012, de 18 de mayo , entre otras muchas)”.



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