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Hasta ahora, era práctica habitual que el préstamo hipotecario que se firmaba ante notario para la compra de vivienda hiciese recaer en el consumidor los gastos de formalización de la hipoteca, tales como tramitación de escrituras, notaría, inscripción de la hipoteca en el registro de la propiedad o el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, por ejemplo. Estos cargos podían suponer tranquilamente más de tres mil euros para el bolsillo del ciudadano. El cobro de estos gastos, pese a su importancia, en muchos casos pasaba desapercibido para el cliente del banco, más centrado generalmente en las condiciones del préstamo en sí mismo.



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