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Las Comunidades de propietarios de distintos edificios y bloques demandan a otras Comunidades de propietarios por haber realizado modificaciones en los elementos comunes de la urbanización sin la debida autorización de la comunidad general de propietarios, integrada por los presidentes de las comunidades de propietarios de cada uno de los 10 edificios que conforman el conjunto residencial.
En concreto, dichas alteraciones consistieron en el cerramiento de los porches o soportales y su utilización como trasteros.
 



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