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El estado de alarma declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha supuesto en el ámbito de la Administración de Justicia, la suspensión con carácter general, de los términos y plazos procesales, con las solas excepciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el artículo 24 de la Constitución



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