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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 suspendió, como ya hemos explicado en otros artículos, los plazos procesales y administrativos y los plazos de prescripción y caducidad de todas las acciones y derechos.



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