La Ley de Vivienda llegó supuestamente como una "Ley Social" para agilizar las dificultades de acceso a la vivienda y para controlar las relaciones contractuales entre inquilinos y propietarios. Sin embargo, en lo que refiere a los pagos del alquiler, establece medidas que resultan "discriminatorias", según ha manifestado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

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