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La sentencia del Tribunal Supremo núm. 419/2017, de 4 de julio (ROJ: STS 2501/2017) unificó criterios en materia de costas procesales estableciendo que, en los asuntos afectados por un cambio jurisprudencial (la limitación temporal de los efectos restitutorios de la nulidad de la cláusula suelo hasta la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016), las costas de las distintas instancias debían imponerse a la entidad bancaria demandada en aplicación de los principios de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas y de efectividad del Derecho de la Unión.



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