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  • El Tribunal de Justicia de la UE decidirá la legalidad de esta práctica, que se ha extendido por toda Europa y afecta a varios miles de usuarios españoles
  • Los reclamantes rastrean las redes P2P en busca de infractores y exigen a las teleoperadoras que los identifiquen. La Agencia de Protección de Datos ha recibido denuncias y también está investigando 
  • "La recomendación es la misma: no pagar", explica el abogado que defiende a la principal plataforma de afectados, a los que han llegado a pedir 1.500 euros



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