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Es, por lo general, común que en los convenios reguladores de familia se establezcan  acuerdos patrimoniales de uso sobre los bienes gananciales o de masa común. A nivel procesal, la ejecución de dichos pactos está planteando una problemática que deriva de la competencia de los jueces de familia para la ejecución de dichos acuerdos por considerarlos extra familiares. La situación la encontramos en los supuestos en que los jueces acceden a denegar la ejecución de sentencias que, habiendo aprobado un convenio regulador que establece el uso de la vivienda con carácter temporal en favor de una de las partes, expirado el plazo debe instarse la ejecución al negarse a abandonar el inmueble el que a ello se comprometió, alegando como motivo de oposición su derecho a la propiedad sobre el inmueble (artículos 348 y siguientes del Código Civil) y la falta de establecimiento en el convenio del modo concreto en que la desocupación deba llevarse a efecto en caso de incumplimiento, lo que de aceptarse por el Juez de Familia, bloquearía el lanzamiento ejecutivo.



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