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La cuestión de la subsistencia de los arrendamientos urbanos posteriores a la hipoteca en la ejecución de esta ha sido una cuestión muy debatida desde hace mucho tiempo, como también lo ha sido respecto de los de arrendamientos rústicos. No, en cambio, respecto de los regidos por el Código civil. Después de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (LAU), el problema subsiste respecto de los arrendamientos para uso distinto del de vivienda, porque falta, respecto de ellos, un artículo que resuelva la cuestión como hace el art. 13 LAU en el caso de los arrendamientos de vivienda.

Las diferentes leyes de arrendamientos urbanos se han caracterizado por la protección del arrendatario, especialmente mediante (i) la prórroga forzosa, (ii) la subrogación del adquirente en el arrendamiento, (iii) los derechos de tanteo y retracto, y (iv) la consideración como número cerrado de las causas de extinción del contrato mencionadas en el art 114 LAU de 1964. El llamado Decreto Boyer de 1985 terminó con la prórroga forzosa, e inició un proceso liberalizador que se concretó en la ley de 1994 y continuó con su reforma en 2013.



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