Estas medidas van dirigidas a autónomos y pymes que tengan inmuebles arrendados para su actividad, habiendo quedado la misma suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Estado de Alarma, o no estando suspendida, su facturación se haya visto reducida en el mes natural inmediatamente anterior al menos en un 75%, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.