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El Cabildo de Gran Canaria, en calidad de arrendador, reclama judicialmente a la sociedad arrendataria de un aparcamiento público la cantidad de 221.395, 51 euros, más los intereses legales, en concepto de alquileres.
El juzgado de 1ª Instancia estima íntegramente la demanda.
La Audiencia Provincial confirma el fallo del Juzgado si bien estima en parte el recurso de apelación.
El Tribunal Supremo, sentencia de 12 de julio de 2018, casa la sentencia recurrida y anula el proceso seguido por falta de jurisdicción de los tribunales civiles.
 



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