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Entre los años 2006 y 2009 se instalaron en España un importante número de placas fotovoltaicas debido al desarrollo tecnológico y las promesas del Gobierno que presidía el país durante este periodo. Debido a esta aparente oportunidad, multitud de inversores decidieron apostar por las energías renovables. Sin embargo, las entidades bancarias introdujeron un elemento abusivo en aquellos préstamos destinados a la financiación de decenas de miles de huertos solares: los llamados swaps fotovoltaicos, un producto complejo que funcionan como una especie de cláusula suelo cuya utilidad es delimitar la volatilidad del precio del dinero.



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