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La Sala 1ª del Tribunal Supremo ha tenido la posibilidad de pronunciarse en varias ocasiones sobre la naturaleza y finalidad del artículo 38 de la LCS, que no es otra que la de facilitar una liquidación del siniestro lo más rápida posible cuando las partes, asegurada y aseguradora, discrepen de la cuantificación económica de los daños derivados del mismo, articulando para ello un procedimiento “imperativo” para los litigantes. Ahora bien dicho rasgo de imperatividad desaparece –según la Sala- cuando la discrepancia no se centra únicamente en dicha cuantificación, como sucede en los casos en que el asegurador discute respecto del fondo de la reclamación, por cuestionar la existencia misma del siniestro, su cobertura por la póliza de seguro u otras circunstancias que pudieron influir en su causación o en el resultado.



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