El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas sociales que apremian España desde hace años. Pese a ser un derecho garantizado por la constitución española, la realidad es que los precios de compraventa y alquiler en las grandes ciudades se han disparado, propiciando que algunos colectivos deban cambiar de localidad para encontrar el lugar que mejor se ajuste a sus posibilidades económicas.

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