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Dado que el Decreto-ley se ha convertido en un arma humeante, lista para ser disparada allí donde sea urgente (como el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto que modifica la Ley 39/2015 en cuanto a la plena implantación de la administración electrónica) me pregunto si no existe extraordinaria y urgente necesidad en plantear una sencilla modificación legal, que garantice la tutela judicial efectiva en materia de costas procesales contencioso-administrativa. Una solución técnica, que merecería el aplauso de buena parte de los ciudadanos, juristas y autoridades y que sobre todo, sería mas ajustado a la Justicia con mayúsculas.



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