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La ley 39/2015, 1 de octubre, en una “vuelta de tuerca” en relación a sus predecesoras la ley 30/1992, de 26 de noviembre, y fundamentalmente la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, incorpora un elenco de sujetos, entidades o colectivos, que en todo caso están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.



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