Poco después de la declaración del primer Estado de alarma, el Gobierno aprobó una Línea de Avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros para paliar los efectos económicos que la pandemia del Covid-19 estaba produciendo en numerosas empresas. Estos avales se anunciaron en un momento de máxima incertidumbre y, para facilitar la liquidez, el ICO se comprometió a avalar hasta el 80% de los préstamos que cumplieran determinados requisitos. Sin embargo, numerosas entidades financieras exigieron además que los socios y/o administradores de las empresas prestatarias fuesen también fiadores solidarios.  

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